Cancún (Ernestos Escudero).- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC) Eduardo Martínez González, manifestó que la obtención de una licencia de funcionamiento para el giro o establecimiento que sea, no puede estar condicionada a un tema particular, el referirse al decreto para el cobro de derechos de autor que ha venido impulsando el diputado de la décimo séptima legislatura Hugo Alday Nieto.
“Hace años había una obligación para afiliarse a las diferentes cámaras y era casi por ley, eso cambio se litigio y la Suprema Corte dijo no, esto es privado y no puedes ser la ley la que obligue a alguien afiliarse a una cámara para un beneficio particular, parece que no aprendemos del pasado y estamos condenados a repetirlo” refirió.
Martínez González, manifestó que los trabajos que debería estar llevando a cabo Hugo Alday, deberían de estar siendo canalizadas hacia buscar y gestionar mejores beneficios para una gran cantidad de situaciones por las que atraviesa la población quintanarroense, sobre todo aquella más vulnerable.
“Yo extendería una invitación al diputado Alday que se hacer que al sector empresarial, la sociedad y a quienes lo eligieron como su representante para que vea que sus ideas no están siendo adecuadas y no vienen del sector que lo eligió, hay que reconocer que los diputados son elegidos por el pueblo por lo que deben acercarse a la ciudadanía y ver como beneficiarlos y no, como generar ideas que perjudiquen el empleo y cierren negocios” puntualizó.
La presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo Miriam Cortez Franco, dijo que es mejor que los legisladores trabajen en iniciativas que de verdad sean mejores, generan empleos y bienestar social, agregando que se está pretendiendo obtener una ventaja por el medio político cuando no lo han logrado por el medio jurídico, lo cual afirmó es muy grave y delicado.
Por su parte Eduardo Galaviz Ibarra, director del Observatorio Legislativo y en representación de las plazas comerciales puntualizó que esta iniciativa estaría generando una afectación a prácticamente todos los sectores productivos.
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“En la ley de Hacienda del municipio existen 78 giros, por lo que también serían afectados negocios como farmacias, ferreterías, salones de belleza, oficinas automotrices entre muchos más, entonces es imposible poner en operación un derecho privado y utilizar al sector público para que esa operación contractual sea firme para ellos, entonces esto no tiene ningún fundamento jurídico dentro del derecho municipal” finalizó.
