Chetumal (Redacción).- Habitantes del asentamiento irregular conocido como Rancho La Victoria, ubicado en el kilómetro 55 de Mahahual, se manifestaron pacíficamente en los bajos del Palacio de Gobierno de Chetumal para exigir la atención inmediata de las autoridades ante lo que consideran una falta de regulación y una prolongación injusta del conflicto que afecta a más de 50 familias desde hace más de quince años.
El grupo de manifestantes, proveniente del asentamiento, arribó a la capital del estado para expresar su preocupación por la falta de avances en la regularización de los predios y evitar posibles desalojos. Según los afectados, viven en el mismo lugar por más de 20 años y han emprendido acciones legales para proteger su patrimonio.
Marina Elí, una de las manifestantes, denunció que existe un trato desigual a favor del supuesto propietario del terreno en perjuicio de las 50 familias asentadas en la zona. Afirmó que se llevó a cabo un juicio de manera arbitraria, utilizando documentos falsificados para despojar a José Gutiérrez, uno de los fundadores de Mahahual, de su propiedad.
“Hemos pedido al gobierno del estado que nos ayuden, porque solo ellos pueden hacerlo, pero no nos hacen caso. No hemos tenido ningún avance desde el año pasado, y ya hay un plazo para que se desaloje”, expresó Marina Elí.
El terreno en disputa, de dimensiones considerables (100 metros de frente por mil de fondo), ha sido objeto de múltiples intentos de desalojo. Los manifestantes alegan que algunos colindantes pretenden adueñarse de él, aprovechando supuestos nexos con funcionarios del gobierno estatal. Señalan que estos intentos de desalojo, que consideran ilegales, han resultado en enfrentamientos con la policía, dejando como saldo 10 heridos y muchos intoxicados el año pasado.
Los manifestantes expresaron su temor de que la historia se repita, ante la posibilidad de nuevas acciones de desalojo respaldadas por la fuerza pública. Solicitan una investigación exhaustiva y transparente sobre el conflicto, considerando la presencia de familias con niños y personas de la tercera edad en la zona.
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A pesar de la apertura de una carpeta de investigación por la Fiscalía General del Estado (FGE) con respecto al enfrentamiento del año pasado, los manifestantes informaron que no hay avances significativos y expresaron su desconfianza en que los policías supuestamente separados de su cargo hayan sido sancionados. La incertidumbre persiste, y las familias afectadas demandan una pronta solución a sus preocupaciones.
