Cancún (Ernesto Escudero).- David Ortiz Mena, vicepresidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, manifestó que la iniciativa al cobro de derechos de autor busca condicionar las licencias de funcionamiento tanto en el otorgamiento como el refrendo a prácticamente las empresas quintanarroenses de todos los sectores, obligándolas a tener un convenio con una sociedad de gestión colectiva particular para poder adjudicar una licencia de funcionamiento.
“Esto es preocupante porque sin licencia de funcionamiento no ha operación, ni empleos, pareciera que el legislador a pesar de todos los problemas que hay en el estado está buscando beneficiar a un grupo particular, esto a perjuicio de las empresas porque ya no nos deja en una situación de negociación entre particulares, sino que mete al estado como rector de la obligación entre dos particulares, esto resulta bastante absurdo”, dijo.
Dijo que el sentir general del sector empresarial es que, si esta sociedad de gestión colectiva tiene algún derecho, que entonces lo hagan valer por la vía administrativa o por lo que prevé la ley.
“Creemos que la iniciativa invade esferas de competencia, su origen está mal planteado, pero sobre todo busca generar un beneficio para unos particulares fomentando así una práctica monopólica de una manera que, sin duda, es lacerante para las empresas y los empleos de los quintanarroenses” externó.
Ortiz Mena, agregó que los derechos de autor no solo se pueden ejercer a través de una sola sociedad colectiva.
“Esta iniciativa va a favorecer en específico a la sociedad de autores y compositores de México, pero no es una situación para nosotros clara, es decir pudiera haber otro autor u otra sociedad o nosotros mismos pudiéramos formar una sociedad de gestión colectiva y buscar convenir entre nosotros, además que al sector le están literalmente cargarle otra carga impositiva”, refirió.
Por su parte Raúl Andrade Nieto, presidente de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, afirmó que esta iniciativa está fuera de toda lógica y contexto.
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“A partir de lo que marca la ley de ingresos de los municipios, dice claramente que mientras se mantengan en coordinación y adheridos al sistema nacional de coordinación fiscal, quedarán en suspenso en cuanto a licencias, derechos, obligaciones y requisitos que condicionan el ejercicio de actividades comerciales o industriales y para la prestación de algún servicio, entonces con la modificación de esta ley se iría en contra de ella misma en el tema de los convenios en materia de coordinación fiscal”, finalizó
