Autoridades federales determinaron que las dunas costeras de Sisal, en Yucatán, deberán ser rehabilitadas luego de un caso de desmonte ilegal que provocó afectaciones significativas al ecosistema.
Tras una audiencia realizada el pasado 14 de abril, se autorizó la suspensión condicional del proceso penal contra tres personas señaladas por la remoción ilegal de vegetación costera. Como parte del acuerdo, los responsables deberán implementar un programa integral de restauración ambiental bajo supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
El plan contempla la reforestación de más de 4 hectáreas con aproximadamente 4 mil 800 plantas de especies nativas, incluyendo mangle botoncillo, palma chit y uva de mar, entre otras. Además, se establecerá un porcentaje adicional de vegetación para garantizar la supervivencia de al menos el 90 por ciento.
Las acciones no solo incluyen la siembra, sino también el mantenimiento, monitoreo y evaluación del área intervenida, mediante jornadas semanales de trabajo hasta lograr la recuperación total del ecosistema.
Este caso se originó por actividades ilegales en terrenos federales costeros, donde se eliminó vegetación protegida, generando daños ambientales y riesgos asociados al crecimiento irregular de desarrollos inmobiliarios.
Desde 2025, las autoridades realizaron inspecciones, clausuraron predios afectados y presentaron denuncias que derivaron en el proceso penal contra los involucrados. Paralelamente, se han impulsado acuerdos institucionales, talleres comunitarios y acciones sociales en beneficio de la población local.
Como parte de las medidas, los responsables también deberán participar en actividades de concientización ambiental, incluyendo la producción de contenidos informativos para difundir el impacto de este tipo de daños.
La suspensión del proceso se mantendrá durante cinco años, periodo en el cual las autoridades verificarán el cumplimiento de todas las condiciones establecidas. En caso contrario, el proceso legal podría reactivarse.
Con estas acciones, se busca no solo sancionar el daño causado, sino también garantizar la recuperación de las dunas y fortalecer la protección de los ecosistemas costeros en la región.
