Desde COPARMEX, reconocemos la necesidad de reformar el Poder Judicial para mejorar su eficiencia y garantizar una justicia imparcial. Sin embargo, resulta de suma gravedad que todos los jueces federales y locales sean destituido por un grupo hegemónico en un periodo de tres años.
A través de un comunicadp, la cúpula patronal señala quen la reforma tendría como consecuencia la organización de procesos electorales a gran escala para la selección de aproximadamente 1,500 nuevos jueces y magistrados a nivel federal y 3,500 a nivel local plantea desafíos logísticos significativos y requeriría una considerable asignación presupuestaria. Sin duda, la transición a un nuevo sistema de elección podría provocar retrasos en las resoluciones de casos judiciales debido a la disminución de personal y la reorganización de las salas de justicia. Por tanto, esta reforma debe ser bien fundamentada y de implementación gradual, abordando todos los aspectos clave mencionados y respondiendo a las preocupaciones de diversos sectores de la sociedad.
Por las razones expuestas, instamos a los legisladores a reflexionar sobre los riesgos que la reforma propuesta podría traer a la estabilidad jurídica, económica y social del país. En COPARMEX estamos convencidos de que el modelo planteado por la reforma que se discute en el Congreso no está orientado a la calidad ni a la independencia. Por el contrario, resultará en una captura de los poderes judiciales en un entorno en que carecemos de un legislativo plural independiente y deliberativo.
En consecuencia, debe de abrirse un proceso más amplio de escucha y diálogo plural, de tal manera que las decisiones sobre cualquier reforma sea el resultado del más amplio consenso social y político. México se encuentra en un momento crítico en el que las decisiones que tomemos hoy definirán el futuro de nuestra nación. Es fundamental que cualquier reforma al Poder Judicial sea abordada con la seriedad y responsabilidad que la situación amerita, priorizando siempre el bienestar de la sociedad y la necesaria certeza jurídica para la estabilidad de nuestro país.
Como se ha observado en las últimas semanas, la reforma ya está generando una creciente incertidumbre entre inversionistas nacionales e internacionales, debido a la amenaza que representa para la independencia del Poder Judicial. Estamos en un momento inmejorable por el contexto de nearshoring que terminará por desaprovecharse ante la incertidumbre jurídica que genera la iniciativa. En lo que va del año, solo el 3% de la Inversión Extranjera Directa se refiere a nuevas inversiones. El país requiere generar condiciones de confianza para aprovechar la coyuntura global y atraer más inversiones que resulten en una mayor creación de empleo.
En el ámbito internacional, esta reforma podría exponer a México a responsabilidades por incumplir con los estándares de derechos humanos e independencia judicial, lo cual sería muy perjudicial para su posición global. Nuestros socios comerciales y organismos internacionales ya han expresado su preocupación sobre sus posibles efectos en los acuerdos comerciales. El T-MEC, en particular, requiere un sistema judicial fuerte y autónomo para resolver disputas comerciales. La politización en la elección de jueces y magistrados podría socavar esa independencia, comprometiendo la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones y exponiéndolo a sanciones o represalias comerciales.
