El Senado de la República aprobó, con 75 votos a favor y 36 en contra, un proyecto remitido por la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Vivienda, con el objetivo de establecer en su redacción la definición de vivienda adecuada y sus características, además de armonizarla con las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esa Materia, aprobadas en 2024.
La Mesa Directiva instruyó el turno del proyecto al Ejecutivo Federal, luego de que la asamblea aprobó las modificaciones a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 19, 23, 34, 48, 56, 62, 73, 77 y 82 de la Ley de Vivienda.
El dictamen precisa que una vivienda adecuada es aquella que cuenta con elementos de accesibilidad, para garantizar su acceso a grupos desfavorecidos; adecuación cultural, con lo que se respetan las expresiones de identidad de las personas; asequibilidad, de manera que los costos financieros de un hogar no comprometan otros gastos.
Considera también la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, para garantizar el acceso a servicios básicos; la habitabilidad, como elemento para mantener la seguridad física de los habitantes del inmueble; seguridad en la tenencia, para que los ocupantes estén protegidos legalmente contra desalojos; y ubicación, para que el hogar se localice en lugares cercanos a sus espacios de trabajo, salud o educación.
También faculta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, coordine y promueva programas y acciones de vivienda y suelo, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras.
Además, para que se promuevan e impulsen las acciones de las diferentes instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras, para el desarrollo de la vivienda adecuada en los aspectos normativos, tecnológicos, productivos y sociales.
