En una propuesta que marca un parteaguas en la política fiscal del país, la
diputada federal por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, impulsa una iniciativa que busca
garantizar el derecho al mínimo vital, estableciendo un límite claro al cobro de impuestos sobre los
ingresos destinados a la subsistencia de las personas.
Esta reforma no solo representa un avance legislativo, sino un acto de justicia social que tendrá
impacto directo en millones de trabajadores en todo México y particularmente en Quintana Roo, donde
miles de familias destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas.
La iniciativa propone modificar el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el
objetivo de que los ingresos correspondientes al mínimo vital no sean objeto de gravamen,
protegiendo así la base económica de las y los trabajadores.
“El mínimo vital no es asistencialismo, es justicia fiscal. Es un principio que pone en el centro la
dignidad humana y garantiza que ninguna persona tenga que pagar impuestos sobre lo indispensable
para sobrevivir”, afirmó la diputada Marybel Villegas.
En términos claros, el mínimo vital es el derecho que tiene toda persona a contar con los recursos
suficientes para cubrir sus necesidades esenciales como alimentación, salud, vivienda y educación.
Este principio establece que el Estado no puede cobrar impuestos sobre aquellos ingresos que apenas
permiten a una persona vivir con dignidad.
Desde el punto de vista jurídico, este concepto ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación como un derecho fundamental vinculado a la dignidad humana, así como a los principios de
equidad y proporcionalidad tributaria. En otras palabras, primero debe garantizarse la subsistencia, y
solo después, la contribución al gasto público.
La propuesta de elevar el mínimo vital al rango constitucional, mediante su incorporación en el artículo
4°, busca consolidar esta protección como un derecho humano, evitando que el sistema fiscal afecte
de manera desproporcionada a quienes menos tienen.
Para Quintana Roo, esta iniciativa cobra especial relevancia, ya que impactará directamente en la
economía de miles de trabajadoras y trabajadores del sector turístico, de servicios y del comercio,
quienes enfrentan condiciones salariales que muchas veces apenas alcanzan para cubrir lo básico.
“Esta iniciativa tendrá una trascendencia nacional, pero en Quintana Roo representa un acto de justicia
urgente para nuestra clase trabajadora. No podemos seguir permitiendo que quienes apenas
sobreviven sean tratados como contribuyentes con capacidad económica plena”, subrayó Villegas
Canché.
Con esta propuesta, se establece un principio fundamental: no todo ingreso puede ser gravado, solo
aquel que refleje una verdadera capacidad económica. De esta manera, el Estado reconoce que la
dignidad humana está por encima de cualquier obligación tributaria.
La iniciativa se perfila como un paso firme hacia un sistema fiscal más justo, más humano y más
equitativo, donde el bienestar de las personas no sea una excepción, sino la base de toda política
pública.
