José María Morelos, Q. Roo.– El presidente municipal Erik Borges Yam eliminó de último momento el punto relativo a la toma de protesta del regidor propietario Francisco Puc Cen (“Xiximac”), que estaba programado para la sesión de Cabildo de este viernes 31 de octubre, aplazando nuevamente una decisión pendiente desde hace más de un mes.
El caso, que enfrenta al Ayuntamiento con el regidor electo por Representación Proporcional, ha permanecido en espera pese a que desde septiembre el propio Cabildo fue notificado de la absolución penal de Puc Cen y de la presunción de inocencia confirmada por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).
De acuerdo con la convocatoria original, el Cabildo debía votar la restitución del cargo en esta sesión. Sin embargo, Borges Yam retiró el punto del orden del día y lo sustituyó por una “solicitud de aprobación de una reforma a la Constitución Política de Quintana Roo”, justificando la decisión en la necesidad de “un mayor análisis jurídico”.
El 26 de septiembre, Puc Cen fue absuelto por el Juzgado de Control, quedando sin efecto la medida cautelar que le impedía ejercer sus derechos políticos. Tres días después presentó formalmente su solicitud de reincorporación, y a mediados de octubre el Ieqroo notificó al Ayuntamiento que no existía sentencia en su contra ni impedimento legal para asumir la Séptima Regiduría.
A pesar de contar con todos los elementos, el Cabildo de José María Morelos aplazó nuevamente la votación, sin abordar el punto en la sesión de este viernes.
La octava regidora, Sara Xiu, de Movimiento Ciudadano, presentó un oficio ante el Cabildo advirtiendo que la omisión y negativa a someter el tema a votación violan los derechos político-electorales de Puc Cen y contravienen la Tesis Jurisprudencial 20/2010 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordena priorizar la restitución de derechos políticos.
El documento también señala que la omisión constituye una falta administrativa por incumplimiento del principio de legalidad, conforme al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que podría derivar en sanciones para los integrantes del Cabildo.
Una fuente del equipo legal de Puc Cen aseguró que “la decisión del presidente municipal de cancelar la votación es una maniobra dilatoria y una violación al debido proceso”.
Agregó que la dilación “será integrada como prueba en el juicio de impugnación ante el Tribunal Electoral, que podría ordenar la toma de protesta de forma inmediata”.
