Por Amairany García
CANCÚN.- La iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo presentada en días recientes por la diputada Érika Castillo Acosta, que otorga mayores facultades en materia de movilidad a los ayuntamientos a través de las direcciones de Policía Preventiva Municipal y Tránsito para ordenar operativos en contra de quienes se auto emplean usando aplicaciones tecnológicas como Uber, representa un aumento al atentado en contra de la libertad, la economía y la elección a la movilidad de los quintanarroenses y visitantes.
