Por Ernesto Escudero
CANCÚN. – Quien fuera presidente municipal de Benito Juárez y actualmente una de las cartas fuertes del PRD para abanderar al partido en las elecciones a la gubernatura de Quintana Roo en el 2022, Julián Ricalde Magaña, afirmó que Juan Carrillo Soberanis, dejo en una absoluta desgracia a Isla Mujeres.
De todo lo que se ha hablado sobre la estación de transferencia por la basura y la venta de terrenos, también se dice que Carrillo Soberanis compró su candidatura como diputado en 7 millones de pesos.
“Pues mira nunca lo sabremos porque tendrían que saberlo los que estuvieron eventualmente en esa situación, lo que si se ve es lo que se juzga y es un abandono absoluto en todas las áreas de la vida pública de Isla Mujeres, y bueno la nueva administración ha ido remontando el tema de la recolección de la basura y donde siempre tuvo que ser una estación de transferencia y no un tiradero a cielo abierto a escasos metros del mar como lo era”, señaló.
Dijo que durante el desempeño de Carrillo Soberanis en la ínsula, se apreció una absoluta alianza con los grupos delictivos pues así lo señalan los indefinidos casos delictivos que se registraron en la isla.
“El tema es que hubo complicidad o complacencia de altos niveles de gobierno, esa es una terrible realidad porque nos preguntamos donde esta SEMA donde esta PROFEPA y todas esas entidades que deben de estar” externó.
Dijo que en el tema de las finanzas ya empiezan a aparecer todos los acreedores de diversos trabajos.
“Entiendo que se tendrán que auditar y saber realmente si se hicieron y a quien se le debe, de pronto se empieza a observar que se le debe a amigos de juan carrillo y hay gente que ya debería de estar compareciendo entre muchos forasteros que llegaron a expoliar los escasos recursos de la ínsula y en eso se está” refirió.
Señaló que estas primeras investigaciones hechas por el actual gobierno municipal de la isla, ya ha entregado las correspondientes carpetas a la Fiscalía como parte de la nueva modalidad de juicios administrativos, esperando que al final de los procesos no se vaya a registrar algún pacto de impunidad, que impida conocer a los responsables que deberán pagar sus irregularidades.
