Por Ernesto Escudero
CANCUN. – Como le dimos a conocer esta semana, socios operadores de Uber en Cancún presentaron ante la representación del Congreso del Estado un exhorto de juicio político para tres funcionarios públicos, siendo una de estas personas, Erika Castillo Acosta directora de Gobierno.
Al respecto Calzado Calzado, portavoz de los conductores de esta plataforma digital dijo que Erika Castillo actual directora de Gobierno tiene conflicto de intereses desde que era diputada de la Décimo Sexta Legislatura.
“Resulta que en esa legislatura la nombraron titular de la Comisión de Movilidad aun y cuando es socia del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, ahí hay un conflicto de intereses y a la señora le importo un bledo, lo mismo que a los diputados que la pusieron ahí; Ahora resulta que dos días antes del 9 de enero la gobernadora Mara Lezama le da el nombramiento de un cargo inexistente que es el de directora de gobierno del estado”, afirmó.
Dijo que, con la actual situación económica del estado tras la administración de Carlos Joaquín González, es increíble que la actual gobernadora haya creado esta dirección que literalmente no tiene ninguna razón válida de ser, sobre todo por los gastos de infraestructura, sueldos, mobiliario y todo lo que se destinó para su creación que en nada ayuda a la población del estado.
Y es que el portavoz de los socios operadores de Uber, dijo que más bien este nombramiento pareciera haber sido un premio de consolación para Castillo Acosta y explica él por qué.
“Si tenemos tantos problemas de dinero, como es posible la creación de esta dirección, no lo comprendemos ni vemos los beneficios de dicha dirección y como dije este nombramiento es 2 días antes del fallo de los Magistrados en favor de Uber, entonces lo que vemos ahí es que esto fue como por lo que apuntó que más bien fue un premio de consolación para Erika Castillo.
Carlos Calzado, recordó que los otros dos funcionarios para quienes se pide este juicio político son Cristina Torres, Secretaria de Gobierno y Rodrigo Alcázar director del Instituto de Movilidad del Estado por temas tales como, desacato de un mandato judicial, corrupción y por conflicto de intereses.
“Nosotros lo que estamos pidiendo al titular de la Comisión de Justicia es que de parte a la autoridad competente para el caso del desacato, y convocamos a estos tres funcionarios para que le den la cara a la ciudadanía y expliquen porque sus intereses mezquinos y particulares, están por encima del interés ciudadano que es lo que debería de prevalecer como lo marca la ley.
