Chetumal (Evaristo Gómez).- Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, recibió de un juez federal la posibilidad de prisión domiciliaria a Borge, actualmente acusado por la Federación de lavado de dinero, no obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) actuará ante esta situación al contar con dos expedientes abiertos de orden local.
Un juez federal le concedió la prisión domiciliaria al exgobernador de Quintana Roo, acusado de lavado de dinero, por lo que podría quedar libre; sin embargo, solo faltaría que se le cambiará la medida de prisión preventiva por el delito de delincuencia organizada y además tendría que cubrir un pago de 10 millones de pesos.
Al cumplirse estos requisitos, podría ser trasladado a Quintana Roo para seguir el proceso en custodia domiciliarias, con la condiciones de usar brazalete electrónico, y en caso de ser condenado debería regresar a prisión
Ante esta información, el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, expresó su postura ante esta situación.
“Somos muy respetuosos de la decisión del poder judicial federal y vamos a analizarla jurídicamente para ver qué recursos podemos interponer, siempre velando por los intereses de la sociedad”, declaró Salazar. El fiscal enfatizó la gravedad de los cargos estatales contra Borge Angulo, relacionados con un impacto presupuestal considerable en el erario estatal.
Actualmente, en la justicia local de Quintana Roo, persisten dos procesos legales contra el exgobernador. El primero se relaciona con un presunto peculado por el desvío de 594 millones de pesos y la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V.”. El segundo proceso se vincula con el delito de aprovechamiento ilícito del poder, relacionado también con pagos a la misma empresa.
El fiscal Salazar aseguró que la Fiscalía está comprometida en realizar un análisis minucioso para determinar las acciones legales a seguir, siempre con el objetivo de proteger los intereses de la comunidad.
El caso de Roberto Borge continúa abierto en la justicia local con dos procesos vigentes, uno por peculado, por el presunto desvío de 594 millones de pesos y la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V.
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Mientras que el segundo se da por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, por el pago de 594 millones de pesos a dicha empresa.
