En Playa del Carmen, representantes del sector restaurantero alzaron la voz ante el nuevo impuesto federal a bebidas azucaradas y agua embotellada.
César Navarro Medina, consejero de la CANIRAC, señaló que este gravamen no tiene un enfoque real de salud pública, sino un fin estrictamente recaudatorio.
Navarro argumentó que, si la intención fuera mejorar la salud de los consumidores, el agua embotellada no estaría incluida en el cobro adicional. Afirmó que las campañas gubernamentales contra el consumo de refrescos no han dado resultados, porque —dijo— deberían centrarse en la prevención y la educación alimentaria, y no en castigar al consumidor.
El consejero de CANIRAC también advirtió que, aun sin la autorización oficial del ajuste, los refrescos ya aumentaron hasta dos pesos por envase en las principales cadenas de distribución del estado, lo que impacta a los productores, restauranteros y, finalmente, a los bolsillos de la población.
