La Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó un revés al marco legal de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, al declarar inconstitucionales diversas disposiciones que le permitían intervenir comunicaciones privadas.
El máximo tribunal determinó que dicha Fiscalía no cuenta con facultades para solicitar la intervención de comunicaciones ni la localización geográfica en tiempo real, al considerar que estas atribuciones vulneraban derechos fundamentales como la privacidad y la seguridad jurídica.
La resolución se derivó de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que impugnó la legislación estatal por exceder las competencias del Congreso local.
Con este fallo, la Corte invalidó varios artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, entre ellos los que permitían la intervención de comunicaciones privadas y el rastreo en tiempo real sin condiciones claras ni delimitación de delitos.
Además, se estableció que el Congreso local tampoco tiene facultades para regular medidas de apremio dentro de esta ley, ya que corresponde al Congreso de la Unión legislar en esa materia.
La normativa anulada también otorgaba atribuciones para imponer sanciones como multas y amonestaciones, sin definir con claridad su alcance ni las autoridades responsables.
Con esta decisión, se dejan sin efecto dichas disposiciones y se obliga a ajustar el marco jurídico estatal conforme a los criterios constitucionales, reforzando la protección de los derechos fundamentales.
