Por Ernesto Escudero
CANCÚN.- Continua sin haber una determinación oficial y definitiva para la operación de la plataforma de UBER en Cancún, indicó el delegado del Instituto de Movilidad en el municipio de Benito Juárez, Félix Justiniano Ferráez, quien resumió en dos preguntas el interés que tiene la sociedad para con dicho tema.
“Una pregunta sería, ¿En este momento está UBER autorizado para llevar acabo de una manera licita y regular el traslado? No, no lo está, y la segunda pregunta sería ¿Podría UBER trabajar como plataforma en los términos de transporte de personal como aspira?, Si, si podría” externó.
Detalló que el eslabón que une estas dos circunstancias que en teoría están diferenciadas, es que el gobierno del estado dice que el trabajo que presta esta plataforma es de transporte público, por lo que deben asumir las responsabilidades que conlleva un trabajo de estas características.
Señalo que por su parte UBER argumenta que el servicio que ofrecen es de carácter privado, por lo que no están sujetos a tales lineamientos.
Justiniano Ferráez, dijo que cuando hay una diferencia de criterios y no hay uniformidad en los intereses, se busca la imparcialidad de un juzgador que en este caso son los tribunales para determinar quién tiene o no la razón.
Recordó que en cada caso de las diferentes instancias en donde se han presentado estas circunstancias jurídicas se le ha dado la razón al estado, indicando que actualmente hay una última inconformidad que planteo UBER ante la Suprema Corte de Justicia para que se decidiera este tema lo cual no sucedió y por ello, regreso el caso al Tribunal Colegiado de Quintana Roo para que ahí se ventile y se decida qué es lo que finalmente estaría pasando con esta situación.
“Entonces de momento el tema está en la cancha del Tribunal Colegiado para que decida si es un transporte privado o el un transporte público, y a partir de ahí como instancia de resolución definitiva hacer lo que procede, hay que señalar que ya no habrá una postergación después de esto”, dijo.
Señaló que suponiendo que UBER tuviera la razón y que se considerara como transporte privado, de todas maneras tendría que sujetarse a un ordenamiento de operación por parte de la autoridad el cual que tiene que ver, con el conocimiento de cuáles son sus unidades, quienes sus operadores, cuales son los temas de seguridad para cada unidad, y todo aquello que permita al estado acreditar que el traslado de personas es seguro y por supuesto determinados pagos que también tendría que hacer esta plataforma al gobierno del estado.
