En Quintana Roo, una iniciativa para regular el uso de imágenes mediante Inteligencia Artificial ha encendido el debate público. Mientras sus impulsores aseguran que busca proteger el derecho a la propia imagen, comunicadores y organizaciones civiles advierten posibles riesgos para la libertad de expresión.
Desde Chetumal, el Congreso del Estado analiza una reforma al Código Civil en materia de derecho a la propia imagen, con el objetivo de frenar el uso indebido de fotografías, videos y audios alterados con Inteligencia Artificial.
La iniciativa es promovida por los diputados Ricardo Velazco Rodríguez, de Morena; Hugo Alday Nieto, del Partido del Trabajo; y María José Osorio Rosas, del Partido Verde Ecologista de México.
De acuerdo con la legisladora del PVEM, la propuesta surge ante el incremento de plataformas digitales que permiten la manipulación de imágenes para su difusión sin consentimiento en redes sociales.
El proyecto contempla adicionar un Capítulo IV Bis al Código Civil estatal, para garantizar que los ciudadanos tengan control sobre su imagen y características identificativas, evitando su uso sin autorización.
Una regulación similar ya opera en los estados de Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tlaxcala.
Sin embargo, la propuesta ha generado controversia. La organización Fundación Funacramp manifestó públicamente su rechazo, al considerar que la reforma podría vulnerar principios fundamentales de la democracia.
Comunicadores han recordado que los artículos 6° y 7° de la Constitución garantizan la libertad de expresión y el derecho a la información, y advirtieron que, sin reglas claras y límites bien definidos, la norma podría prestarse a interpretaciones que afecten el ejercicio periodístico y la participación ciudadana crítica.
En respuesta, la diputada María José Osorio aseguró que la iniciativa respeta plenamente el derecho a la información y que no implicará censura para los medios de comunicación.
El debate apenas comienza en el Congreso de Quintana Roo, donde legisladores deberán equilibrar la protección frente al uso indebido de la Inteligencia Artificial con las garantías constitucionales de libertad de expresión.
La discusión promete mantenerse en el centro de la agenda pública en los próximos días.
